Políticas públicas en África Occidental: el caso de los polos de
crecimiento agrícolas. Caracterización a través de tres estudios de caso.
Emma Gabrielle Lucie Tyrou
Resumen de la tesis de investigación en el marco del Master
2 Desarrollo Agrícola y Políticas Económicas (111 páginas). Filiación
institucional: IEDES - París I Panthéon Sorbonne y CIRAD. Curso 2017-2018.
Tesis defendida el 21 de septiembre de 2018 en el IEDES (45 bis rue de la Belle
Gabrielle, Nogent sur Marne). Jurado compuesto por la Sra. Charlotte Guénard
(IEDES), el Sr. Laurent Levard (GRET), el Sr. Vincent Ribier (CIRAD) y el Sr.
Guillaume Soullier (CIRAD)
Marco, problemática y método de
estudio
Este
trabajo tiene la finalidad de arrojar luz sobre la dinámica de la acción
pública en el sector agropecuario en los países de África Occidental. Tiene sus
raíces en el contexto posterior a la crisis de los precios alimentarios de
2007-2008, en el que muchos países están aplicando políticas para aumentar la
producción nacional de alimentos, en particular en el sector del arroz (Demont,
2013, Hathie, 2016). Dado que las limitaciones presupuestarias siguen siendo un
factor determinante, se fomenta la participación del sector privado, en
particular a través de la asociación público-privada (APP), una solución
contractual que asocia al sector público y agentes privados en torno a la
realización de un servicio público (Ribier y Baris, 2013). En este contexto, el
enfoque del desarrollo agrícola y agroalimentario a través de los polos de
crecimiento agrícola, o “agropolos” se presenta tanto a modo de respuesta a la
necesidad de aumentar la producción agrícola como una estrategia para movilizar
al sector privado para lograrlo.
Las
agropoles pueden definirse como iniciativas de desarrollo territorial centradas
en la agricultura con el objetivo de concentrar las actividades
agro-industriales en zonas de alto potencial agrícola con el fin de aumentar la
productividad (BAfD, 2018). Los bancos de desarrollo como el Banco Mundial (BM)
y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) están promoviendo esta estrategia de
desarrollo agrícola, y se están llevando a cabo muchas iniciativas: al menos
una docena de países habían formulado uno o más proyectos de políticas
agrícolas en 2016 (BAfD, 2016).
Esta
tendencia reciente se discute en la literatura especializada que consiste por
una parte en publicaciones institucionales. Estas fuentes destacan el potencial
del este modelo, o incluso lo presentan como una panacea (Ouattara, 2016). Por
otra parte, estudios detallados documentan uno o más proyectos específicos, en
particular su estructura financiera y técnica (por ejemplo, Dagor, et al.,
2016; Chiapo, 2016; Venot et al., 2017; Soullier, 2017; Tapsoba, 2018). A veces
tienen una visión muy crítica de sus impactos y ponen de relieve los riesgos
tanto en términos de medio ambiente como en términos de seguridad alimentaria o
soberanía entre actores privados y públicos. En el enfoque del polo de
crecimiento agrícola, la principal misión de las políticas públicas es crear
condiciones favorables para que la inversión privada apoye la industrialización
del sector agrícola (Ouattara, 2016). Sin embargo, poco se sabe sobre las
modalidades exactas de los incentivos proporcionados por las autoridades
públicas (Webber & Gálvez Nogales, 2017: 292).
Por
lo tanto, la problemática del estudio de los agropolos suscita cuestionamientos
y polémicas. Sin embargo, a ambos extremos de este campo de la literatura
académica, los vínculos entre los agropolos y las políticas públicas son muy
poco explorados. De estos límites se deriva el problema de la tesis: ¿qué
políticas públicas implementan los estados de África Occidental para el
desarrollo de los agropolos?. Este estudio pretende recoger y sintetizar la
información disponible, pero también aportar nuevos conocimientos sobre la
ejecución de proyectos de agropolos. El trabajo de tesis se divide en tres
capítulos. El primero especifica el propósito y la metodología del estudio,
mientras que la caracterización de la acción pública se lleva a cabo en el
segundo capítulo, a través de los casos de tres países de África Occidental
(Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal). El tercer y último capítulo permite
analizar los resultados, por modalidades de acción y luego por actores a los
que se dirigen las políticas públicas. A la luz de los resultados, se esboza un
análisis crítico del modelo de desarrollo de los agropoles y se proponen líneas
de trabajo para profundizar la investigación a futuro.
La
hipótesis de investigación que se presenta a continuación estipula que las
políticas públicas para el desarrollo agrícola a través del modelo de los
agropolos se traducen principalmente en exoneraciones fiscales para los
agronegocios. La hipótesis se basa en la literatura y sólo conjetura sobre una de las modalidades más
documentadas a través de fuentes de distinta naturaleza (en particular
Ouattara, 2016; Dagor et al., 2016; Picard et al., 2017). Esta elección del
"mínimo común denominador" permitió abrir un amplio campo de
comparación con otras herramientas y beneficiarios de la acción pública.
Para
refutar o verificar la hipótesis de la investigación, la tesis pretende
establecer una comparación a través de tres estudios de caso: Burkina Faso, Costa
de Marfil y Senegal. Estos países han sido seleccionados por la disponibilidad
de información y las diferentes fases del progreso de los proyectos de polos
agrícolas (lanzados entre 2011 para Bagrépôle en Bagré, 2013 para el Proyecto
de Desarrollo Inclusivo y Sostenible de la Agroindustria PDIDAS en Senegal, y
2016 para el Polo Agro-Industrial de Bélier).
El
análisis se realiza entonces desde tres ángulos. En primer lugar,
sistematizando la caracterización de la acción pública a través del cuadro de
análisis de Daviron et al.[1] Se trata entonces de evidenciar el paso de
la intención a la ejecución de la acción pública. Si bien fue esencial analizar
los documentos que conformaron el marco de las políticas, el objeto de este
trabajo es su implementación. Finalmente, dado el papel central de estos
actores en el desarrollo buscado, se documentan las trayectorias de los actores
privados para cada uno de los polos estudiados (Bagrépôle, el valle del río
Senegal y Bélier/Yamoussoukro).
En
este último punto, los contactos con los investigadores en el campo fueron
particularmente esclarecedores, para captar con mayor precisión las tendencias
en la aplicación de las políticas. Las otras fuentes movilizadas son una
revisión de la literatura (fuentes académicas, documentos de políticas
públicas, instituciones y activistas), y cifras sobre el gasto público
agrícola. El trabajo realizado pretende superar varios retos metodológicos: por
un lado, descifrar los diferentes ángulos de enfoque y las posiciones tomadas
por las distintas fuentes, en un debate altamente polarizado. Por otra parte,
el acceso a datos precisos y unificados sobre el gasto público agrícola ha sido
difícil. Se analizaron críticamente bases de datos de organizaciones
internacionales para complementar las publicaciones nacionales disponibles en
línea.
Presentación de los resultados
Una
vez explicados estos elementos contextuales y metodológicos, los principales
resultados de este estudio pueden, a efectos del presente resumen, exponerse en
dos etapas.
La
primera adopta un enfoque dinámico, para caracterizar la acción pública en cada
una de las cinco etapas sucesivas del modelo de polo de crecimiento agrícola.
Este modelo se ha presentado en el primer capítulo de la tesis: se basa en la
literatura de los clusters y pools industriales, que se fundamentan en los
efectos de aglomeración y el aumento de la competitividad. Según esta visión,
promovida por las instituciones internacionales, los mecanismos de coordinación
vertical, combinados con cambios de escala de las actividades y de tecnología,
deberían dar lugar a economías de escala y a una mejora de la calidad de los
productos, lo que a su vez llevaría a una mayor generación de valor añadido. Se
espera que la producción, transformación y comercialización de productos
agroalimentarios aumente con el tiempo. Hay cinco pasos para lograr este
objetivo. El estudio comparativo realizado muestra que las políticas públicas
se centran en una de esas etapas: la etapa de mejoramiento del contexto
económico, previa al establecimiento de actividades agroindustriales.
En
esta etapa, la palanca de la política pública movilizada de la manera más
recurrente y amplia son las exoneraciones fiscales para los agronegocios. Los
tres países han adaptado sus códigos de inversión para hacerlos más atractivos
para el sector agroindustrial, centrándose en grandes inversiones y actividades
de exportación. Las similitudes entre los casos son claras, incluso en términos
de los actores destinatarios. Estas exenciones se apoyan y se hacen más
visibles en el extranjero mediante reformas de las instituciones y
procedimientos administrativos relacionados con el comercio y la inversión
productiva. Esta es la segunda palanca que se ha movilizado con bastante
fuerza. En esta área de los servicios, la acción pública se centra en los
servicios para promover la inversión productiva, y menos en la formación o la
asistencia técnica.
En
relación con la mejora del "entorno de negocios", el campo de la
regulación de la tenencia de la tierra está experimentando cambios cuyos
resultados pueden determinar de manera duradera la agricultura en África
Occidental. Los Estados ciertamente no han renunciado a la naturaleza nacional
del dominio de la tierra. Por otra parte, se han intensificado las reformas
administrativas y las prácticas de arrendamiento a largo plazo mediante
acuerdos legales para facilitar el acceso a la tierra a los inversores,
incluidos los extranjeros. En comparación, se omite la
regulación en las áreas socio ambientales.
Por
último, las inversiones públicas en la provisión de bienes e infraestructuras
también son importantes. Con la intención de tener un efecto de multiplicación,
se centran en las instalaciones hidroagrícolas. Dedicado principalmente al
sector del arroz, el financiamiento también incluye un componente de
procesamiento (particularmente en Costa de Marfil). Se realizan mediante un
amplio recurso a préstamos de organismos financiadores (BAD y BM, de 70 a 120
millones de euros).
En
la etapa de llegada de las inversiones y de concentración de las actividades,
la acción pública tiene dificultades para posicionarse frente a los actores
privados. En esta etapa del modelo inicial, muy liberal, se prevén pocas
medidas estatales, en las que la agroindustria desempeña un papel central. El
trabajo de tesis documenta, a través de tres casos específicos, las
trayectorias de desarrollo de estos actores heterogéneos y el posicionamiento
del Estado hacia ellos. La observación establecida es que la frontera a veces
se difumina entre los papeles respectivos de la acción pública y los actores privados.
Los Estados a veces adoptan posiciones ambivalentes.
En el sector de la tierra, las políticas fomentan las negociaciones directas
entre pequeños propietarios e inversores (nacionales o extranjeros). El Estado,
sin acompañar las interacciones entre actores en un equilibrio de poder muy
asimétrico, sigue siendo, sin embargo, un intermediario legal para los
contratos de alquiler a largo plazo (modelo de subarrendamiento). Esta
situación ha contribuido a altas tensiones, incluso a acaparamiento de tierras
y a violaciones de los derechos humanos.
A través de los casos documentados, es manifiesto que las relaciones de
poder entre los actores económicos y los gobiernos son determinantes fuertes de
la acción pública en esta etapa.
En cuanto a las relaciones entre los actores del
agronegocio y los pequeños productores nacionales, se contemplan en las dos
últimas etapas, en las que se movilizan pocas palancas de acción pública. Entre
ellas, los subsidios a los insumos agrícolas se distribuyen entre los
productores de manera muy desigual. El deseo de reforma (Senegal) y una mejor
atención a los agricultores familiares (Burkina Faso) podría dar lugar a un
cambio en la acción pública, que debería documentarse. En el ámbito de la
estabilización, no cabe duda de que el Estado está movilizando cada vez más al
sector privado, en particular para la cobertura de los riesgos agrícolas a
través de las APP de seguros. Aunque existen matices nacionales, el apoyo a las
relaciones contractuales es generalmente débil, tanto para la producción como
para las transferencias de ingresos entre la agroindustria y los pequeños
productores.
En
segundo lugar, es relevante presentar los resultados del estudio de las
trayectorias de los agronegocios en cada uno de los tres polos de crecimiento,
a fin de extraer conclusiones sobre el posicionamiento del Estado. Estas
"fotografías" de las trayectorias de los actores privados -o de una
iniciativa piloto para movilizarlos, en el caso de Senegal- no pretenden ser
exhaustivas ni generalizadas. Sin embargo, proporcionan una oportunidad para
profundizar el conocimiento y plantear vías de reflexión sobre ciertos temas
que no pueden ser ignorados en el estudio de las políticas públicas específicas
de los agropolos. El informe elaborado para estos tres proyectos es bastante
decepcionante en relación con los objetivos fijados inicialmente y permite
realizar un análisis crítico del modelo. Las razones de estas deficiencias son
diversas.
En
Bagrépôle (Burkina Faso), el balance de las entradas de capital privado y el
desarrollo de las actividades productivas sigue siendo muy desigual. Los planes
de la empresa conjunta creada para la ejecución del proyecto preveían que hasta
el 64% de la zona irrigada estaría ocupado por proyectos de agronegocios. Se
han preparado cartas de intención por valor de 55 millones de euros por parte
de 19 empresas -incluidas 10 empresas nacionales del sector de los cereales,
las semillas oleaginosas y la transformación- y se han identificado en la
plataforma Grow Africa. Sin embargo, la afluencia de inversiones y su
realización en la actividad productiva distan mucho de ser evidentes.
Muchas
de las empresas y explotaciones agrícolas creadas no han podido mantenerse. Las
razones de esta corta vida útil se atribuyen a la demora en el establecimiento
de la infraestructura de riego primario o a planes empresariales deficientes,
que no permiten llevar a cabo planes de riego complementarios ni superar las
limitaciones climáticas y de acceso a los mercados. El retraso y el
cumplimiento de los compromisos mutuos son fuentes de tensión entre las
empresas privadas y los Estados. Así lo demuestra la trayectoria del grupo
Velegda, empresa burkinesa a la que se le han adjudicado parcelas de cultivo de
regadío en Bagrépole, con el objetivo final de cultivar 600 ha de arroz y maíz
con alta mecanización, y de establecer una planta de descascarillado de arroz.
Hasta la fecha, el desarrollo de la infraestructura principal de Bagrépôle aún
no ha concluido, lo que bloquea el desarrollo de la infraestructura secundaria
de Velegda. Según la información recogida sobre el terreno, Velegda alquiló las
500 hectáreas de tierra asignadas en 2015 a varios otros agricultores que están
desarrollando cultivos distintos del arroz, sin que se llevara a cabo ningún
tipo de desarrollo hidroagrícola.
La
ocurrencia de bloqueos materiales, logísticos o de comunicación entre actores
con ritmos y lógicas diferentes es un factor determinante en las políticas
estudiadas. Entre las parcelas que eventualmente van a ser explotadas por
operadores privados, las que han sido irrigadas hasta la fecha son cultivadas
casi principalmente por los agricultores de pequeñas áreas. Por lo tanto, es
importante señalar que los estudios en curso, que se centran en los efectos de
estas áreas irrigadas en las condiciones de vida de los pequeños productores
familiares, muestran que no han visto disminuir su nivel de vulnerabilidad a la
inseguridad económica y alimentaria como resultado de la inversión pública
(Tapsoba, 2018).
En
Costa de Marfil, el enfoque sectorial, más difundido en todo el país pero no
menos ambicioso, se enfrenta a dificultades no tanto por la afluencia de socios
privados sino por su permanencia.
La
Estrategia Nacional de Desarrollo del Sector del Arroz (SNDR, 2012-2020) prevé
ampliar la infraestructura hidroagrícola hasta que se invierta la proporción
entre la producción de arroz de regadío y de secano a partir de 2020. Incluye
una organización territorial del desarrollo agrícola en la que los actores
privados tienen un papel central (más del 60% de la financiación del plan).
Además de la producción, la transformación es un componente clave de la SNDR,
de la cual el 64% se basa en las contribuciones del sector privado. Los
proyectos de construcción de plantas procesadoras son ambiciosos: se
construirán unas treinta unidades grandes y cien pequeñas. Sin embargo, varias
zonas gris deben ser destacadas en este panorama.
Por
un lado, la contribución pública se realiza a través de un préstamo indio de
Team 9 (Grupo de Reflexión del Enfoque Técnico y Económico para el Movimiento
África-India, que desde 2008 ha permitido a 8 países africanos beneficiarse de
líneas de crédito indias), que es similar a la ayuda condicionada. La
licitación para parte de las obras fue ganada en 2014 por la empresa india
Lucky Exports, que al mismo tiempo se encuentra ante el Tribunal Supremo
senegalés, acusada por un competidor (también indio, Angelique Ltd) de haber
obtenido un contrato de electrificación rural por acuerdo directo.
Por
otro lado, el progreso en la construcción de estas unidades parece estar por
debajo del 10%, muy por debajo de los objetivos y declaraciones optimistas del
gobierno. Las causas identificadas son dobles: dificultades técnicas internas
de las empresas -incluido el uso indebido de los anticipos desembolsados por el
Estado para superar problemas internos y no para llevar a cabo el trabajo- y
dificultades de desembolso por parte del Estado.
Por
último, en el polo de Bélier, la planta arrocera de Yamoussoukro está bien
terminada, pero su explotación por un operador privado duró menos de cinco
años. En 2013, se firmó una APP entre el distrito de Yamoussoukro y el grupo
Novel S.A. (una sucursal del grupo Interval Genève S.A., con sede en Suiza, que
fue apoyada por las recomendaciones del PNUD y del Banco Africano de Desarrollo).
Sin embargo, esta última se retiró en 2017, y hasta la fecha no se conoce
ningún otro operador interesado. La APP
funcionaba de la siguiente manera: los productores contratados y sus
cooperativas recibían crédito para semillas, insumos y equipo de producción,
mientras que la producción debía transferirse a Yaanovel para su procesamiento
(Chiapo, 2016:27). Las actividades de Yaanovel tenían por objeto ofrecer
oportunidades a los productores no contratados, en función de las necesidades de
los arrozales (ibíd.: 20).
Sin
embargo, se han documentado problemas en el cumplimiento de los compromisos de
los agronegocios (Chiapo et al., 2017). La producción de semillas de Yaanovel
no se realizó en asociación con la Asociación Nacional de Semillas de Costa de
Marfil, excluyendo a la industria local de semillas. En general, los efectos en
términos de creación de empleo han estado muy por debajo de las metas, menos de
50 (ibíd.: 30). El riesgo compartido se considera muy desventajoso para los
productores. Se ven obligados a endeudarse como consecuencia de los retrasos de
Yaanovel tanto en el suministro de insumos como en el pago de las cosechas (más
de 3 meses). Según la evaluación realizada para INADES Formaciones, la relación
asimétrica de poder dejó a los productores sin recurso a la contestación, con
poco apoyo de las autoridades públicas (ibíd.: 29). Por último, el operador se
retiró tras el bloqueo de las negociaciones, en parte debido a un desacuerdo
sobre las subvenciones para instalaciones hidroagrícolas.
El
caso de Yaanovel destaca que la existencia de vínculos contractuales no es
suficiente para el desarrollo del sector de manera inclusiva y sostenible: las
condiciones en las que circulan los flujos de producción e ingresos entre la
agroindustria y los pequeños productores, así como la distribución del riesgo
entre estos actores, son elementos clave. Finalmente, el caso Yaanovel nos
invita a contemplar los riesgos de tal concentración del sector en términos de
relaciones de poder y sostenibilidad en el tiempo.
En
Senegal, los datos disponibles sobre la evaluación general del desarrollo de
los agronegocios sugieren experiencias más positivas. Entre 2000 y 2015, las
áreas irrigadas se ampliaron en 25.500 hectáreas, incluyendo 11.000 hectáreas
(10% del área total) desarrolladas por agroindustrias senegalesas y
extranjeras. El impacto en términos de empleo se estima en más de diez mil, en
su mayoría de forma temporal.
Por
lo tanto, la cuestión de la disponibilidad de tierras y recursos para seguir el
ritmo de este desarrollo acelerado de los cultivos agroindustriales es crucial.
El Polo de Crecimiento Agrícola del Valle del Río Senegal, que representa un
ejemplo comparativamente más avanzado de desarrollo de la agroindustria, es un
laboratorio de experimentación de políticas. Grandes áreas del territorio están
afectadas por la intensificación agrícola, que tiene lugar a través del
desarrollo hidroagrícola, pero también en las áreas que han sido designadas por
un proyecto reciente, el proyecto para el desarrollo inclusivo y sostenible de
los agronegocios en Senegal (PDIDAS). Esta última se encuentra en la
intersección de cuestiones relacionadas con las relaciones entre los actores
rurales y la cuestión de la tierra.
Las
modalidades de aplicación de un modelo complejo de régimen de tenencia de la
tierra en alquiler cuestionan las relaciones de poder entre los actores. En
este proyecto de desarrollo establecido a través de un préstamo del BM, las
negociaciones deben tener lugar directamente entre los inversores (o
agronegocios) y los agricultores familiares, y luego ser formalizadas por las
autoridades municipales. A pesar de los objetivos a la “inclusión,” y de los
órganos de consulta que prevé el proyecto a nivel local, se han documentado
abusos evidentes en el terreno. En
ausencia de un registro de la propiedad y de un mercado inmobiliario a nivel
comunal, algunas oficinas de catastro (físicamente) establecidas se enfrentan a
graves problemas en la formación del personal o a conflictos de intereses, y
pueden parecer cáscaras vacías. En este contexto, las empresas parecen ser
reticentes a posicionarse sobre las "ofertas" que constituyen estas
áreas. Esta situación plantea interrogantes sobre la distribución de los fondos
públicos ya desembolsados en el desarrollo hidroagrícola, en nombre del efecto
"palanca". Frente a este
bloqueo -de los cuales los elementos aquí analizados no son necesariamente los
únicos factores- los fondos del proyecto están actualmente en suspenso.
Las
implicaciones de la experiencia del PDIDAS podrían ser fuertes determinantes de
las políticas públicas agrícolas. Las tensiones en la tenencia de la tierra y
la competencia por los recursos en torno a los proyectos agroindustriales
documentados en Senegal revelan los desafíos que rodean la próxima reforma del
marco de regulación de la tierra, coordinada desde 2012 por una Comisión
Nacional de Reforma Agraria. La cuestión de la tierra es, sin duda, un
obstáculo que pone en tela de juicio la capacidad de las políticas públicas
para preservar y equilibrar los intereses de los distintos actores del mundo
rural: los pequeños agricultores familiares, los pastores y, en particular, las
empresas agrícolas en desarrollo.
Conclusión y discusión
Al
final de esta presentación de los resultados, las principales conclusiones del
estudio permitieron validar la hipótesis de investigación. La acción pública
moviliza principalmente exoneraciones fiscales para los agronegocios, invocando
su eficacia y neutralidad sobre las finanzas públicas. Las grandes infraestructuras,
especialmente las hidroagrícolas para el sector del arroz, se financian
mediante préstamos de varias decenas de millones de euros. Estas modalidades
pueden plantear interrogantes sobre los efectos de las políticas en la deuda y
los impuestos a largo plazo. Aunque los proyectos se presentan como financiados
por bancos de desarrollo, son importantes préstamos a largo plazo,
especialmente en Costa de Marfil y Senegal, donde el Estado proporciona más del
80% de la financiación para proyectos de polos de crecimiento.
Por
otro lado, como lo ilustran claramente las trayectorias de los actores privados
en cada país, estos resultados plantean varios puntos de discusión, propuestos
en el último capítulo de la tesis como ejes de extensión de la agenda de investigación.
En las experiencias documentadas, algunas políticas públicas se enfrentan a
importantes problemas de operacionalización, mientras que las medidas que se
han puesto en práctica sólo tienen un impacto limitado en términos de flujos de
capital privado. Estos límites de impacto son tanto más notables cuanto que las
políticas se centran principalmente en el atraer a estos agronegocios. Los
Estados estudiados no aplican realmente una política para la agricultura
familiar, a la que pocas medidas son realmente accesibles. El deseo declarado
de generar un crecimiento inclusivo a través de este modelo de agropolos debe
realizarse a través de efectos indirectos, vinculados en particular a la
agricultura por contrato. Sin embargo, las políticas plantean dichos efectos
por una definición poco precisa, incluso "simplista" (Gabas et al.,
2018). Los casos estudiados muestran que estos efectos virtuosos están lejos de
ser evidentes.
Este
estudio pone de manifiesto que la acción pública se reduce principalmente a
facilitar el entorno empresarial. Abre una reflexión sobre el papel del Estado
en el apoyo al desarrollo agrícola. ¿Cuáles son los factores determinantes de
tal elección? ¿Cuál es el papel respectivo de las restricciones presupuestarias
y de la circulación de modelos de desarrollo por parte de las instituciones
internacionales? El capítulo final de la tesis explora las respuestas a estas preguntas,
posicionándose a escala internacional. Los estudios sobre las relaciones de
poder político e institucional en el ámbito de la seguridad alimentaria mundial
han demostrado el predominio del paradigma productivista (Fouilleux et al.,
2017). Los resultados de los estudios de caso de este trabajo permiten analizar
el modelo de agropolos no como un instrumento neutro, sino como una estrategia
altamente normativa, adoptada para proporcionar una solución primordialmente
productivista a la crisis de precios de 2008. Para afinar este análisis, los
agropolos podrían estudiarse utilizando el enfoque de los estudios de
transferencia de políticas (policy
transfer studies), que estudia la circulación internacional de soluciones
de políticas (véase Delpeuch, 2006). La rama de la sociología de la acción
permite centrarse en particular en los procesos de difusión de las soluciones
de acción pública formuladas.
Desde
esta perspectiva, la socio-antropología de la acción pública de desarrollo
(Fresia et al., 2018) sugiere que las relaciones entre los actores nacionales e
internacionales son asimétricas, pero no unidireccionales. Las estrategias y el
margen de negociación de los actores (Whitfield et al., 2008) pueden entenderse
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los puntos de vista dentro de ellos.
Por ejemplo, no hay una visión senegalesa del modelo de agropolos, sino una
negociación entre las visiones de individuos o grupos. El caso de PDIDAS ha
demostrado que estas visiones pueden ser antagónicas: ¿cuáles son entonces las
interacciones y estrategias de los diferentes grupos de presión
internacionales, estatales y de la sociedad civil en la adopción del modelo de
agropolos? Sin embargo, el estudio realizado nos invita a ir más allá del marco
privilegiado del trabajo existente, que postula que siempre hay divergencia y
compromiso entre donantes (o inversores) y países beneficiarios. Una economía
política de políticas de crecimiento agrícola nos invitaría a cuestionar la
relación de las élites africanas con la "emergencia", y sus intereses
en un enfoque basado en el crecimiento de la producción intensiva.
Estas
líneas de investigación parecen importantes para comprender las dinámicas en
marcha en los numerosos países en los que se están llevando a cabo proyectos de
polos de crecimiento agrícola, incluso más allá del continente africano. Si
bien este modelo tiene por objeto aumentar las actividades agroindustriales y
permitir el "crecimiento agrícola", también determina, mucho más
allá, trayectorias de desarrollo que estructuran el mundo rural y las vidas de
sus actores.
Bibliografia indicativa
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Whitfield, L. (Ed.). (2008). The politics of aid: African
strategies for dealing with donors. OUP Oxford.
[1] Este
marco analítico propone tres categorías de acción pública: transferencias (1.1
Transferencias fiscales; 1.2 Medidas de apoyo directo; 1.3 Medidas de
estabilización), provisión de bienes y servicios (2.1 Provisión de bienes
públicos; 2.2 Servicios y actividades de mediación: Promoción de la inversión
productiva y el comercio, Asistencia técnica, Servicios bancarios y
financieros, Investigación agrícola y capacitación de la mano de obra) y, por
último, Regulación (3.1 Tenencia de tierras, 3.2 Socioeconómicos y
ambientales).